Propietarios de Ferretodo Industrial desean llegar a un acuerdo. El Tribunal Superior Administrativo detuvo las acciones de fuerza contra ellos.
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| Militares mientras sacan a la fuerza a César Díaz, propietario de Ferretodo. |
SANTIAGO, República Dominicana.- Los propietarios de Ferretodo Industrial, empresa ubicada en el curso del elevado que se construye en el sector Cienfuegos de Santiago, apelaron al presidente Danilo Medina, para lograr una salida negociada y respetuosa para concluir la obra sin que se sigan perjudicando las empresas del área.
César Díaz y Jhovanny López dicen que están conscientes de la importancia del elevado en Cienfuegos, pero cuestionan la forma en que se han atropellado sus derechos como empresa ubicada en el trayecto de la obra y el uso de la fuerza excesiva de que, dicen, fueron objeto por parte del Ministerio de Obras Públicas y la empresa constructora Odebrecht.
Díaz y López han dirigido una carta al presidente Danilo Medina en el interés de que el mandatario intervenga de forma que la obra sea concluida sin afectar sus derechos adquiridos y sin atropellos contra nadie.
Dicen que Obras Públicas llegó a acuerdos hace una semana con 15 de los afectados, quienes esperaron más de un año para obtener sus indemnizaciones.
“No nos oponemos al elevado por ser una obra vial que agilizara el tránsito, pero no se puede proceder violando derechos y atropellando a los ciudadanos y emprendedores empresarios jóvenes, en violación de los derechos que
establece el artículo 51 de la Constitución, sobre los derechos de Propiedad” afirman.
Indican que para dar paso al elevado implica destruir la mitad del local de Ferretodo Industrial, incluyendo todo el parqueo, lo que ya hizo la empresa Odebrecht.
“Deseamos una solución pronta y no tenemos interlocutores en Obras Públicas, donde no nos han respondido, encaminando los hechos hacia un abuso que sabemos el presidente Medina no apoyaría” afirman en una carta dirigida al primer mandatario.
Indican que favorecen que la obra sea construida y ahora que sea terminada apropiadamente, sin edificios ni obstáculos en su trayectoria, pero respetando los derechos y resarciendo adecuadamente a quienes resultan afectados.
El Tribunal Superior Administrativo conoció del caso y reconoció el abuso de poder contra los Diaz López, ordenando la suspensión de los trabajos hasta conocer el caso nuevamente el 4 de febrero próximo.
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