JURISTAS Y OTROS PROFESIONALES NOTABLES DE SANTIAGO DEFIENDEN CONSTITUCIONALIDAD ARTÍCULO 85 DEL CPP

MÁXIMO LAUREANO

Ramón Antonio Veras (Negro), encabezó el grupo.

Un grupo de ciudadanos y ciudadanas de Santiago de los Caballeros, encabezados por reconocidos juristas y otros profesionales notables de esta ciudad, depositaron este viernes un documento en el Tribunal Constitucional, en protesta por la acción de inconstitucionalidad incoada por el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, contra el tercer párrafo del artículo 85 del Código Procesal Penal.

Entre los profesionales del derechos y otras personalidades, identificados como "amicus curie, es decir, amigos del tribunal, que acudieron y firmaron el documento están, María de Jesús Pola Zapico (Susy Pola), Luis A. Bircann Rojas, Ramón Antonio Veras (Negro), Rafael Emilio Yunén y Enmanuel Castillo Sánchez.

“Hemos depositado en la mañana de hoy (viernes 02 de mayo del 2014) ante el Tribunal Constitucional de la República, un escrito de intervención en calidad de Amicus Curiae”, se lee en un comunicado enviado a la redacción de acento.com.do, sobre la acción.

“Las personas que suscribimos el indicado escrito entendemos que la acción popular consagrada en el texto impugnado es un derecho fundamental de la ciudadanía, toda vez que contribuye a garantizar el control social de la gestión pública y profundiza la participación directa de la ciudadanía en los asuntos que le afectan” como miembros activos de una comunidad política, advierten los ciudadanos profesionales de distintas áreas en la misiva.

En relación al tema manifestaron la convicción de que el tercer párrafo del artículo 85 del Código Procesal Penal, se conforma a la Constitución Dominicana y que por lo tanto, el recurso incoado por el ex ministro de Obras Públicas debe ser rechazado.

Otro grupo de los firmantes, Rafael Armando Vallejo, ex juez de la Junta Central Electortal (JCE), José Luis Taveras; José Lorenzo Fermín Mejía; Cristina María Fernández Gutiérrez; Anselmo Muñiz), así como los médicos Juan Ramírez; Salvador Castellanos; Juan José Batlle.

También los empresarios Carlos Fondeur, Naby de Jesús Lantigua Paulino, el Padre César Hilario, Mario Fernández, en representación de la sociedad civil, también Juan Alejandro Castillo Burgos, el sociólogo, Enmanuel Castillo y el periodista Carlos Manuel Estrella.

Los profesionales alegan además que cuando la corrupción es prevalente, los funcionarios públicos no toman decisiones guiados por el interés de la sociedad sino por el interés individual, impactando negativamente la capacidad de las instituciones públicas para cumplir sus funciones.

“Hacemos énfasis en que la labor del Tribunal Constitucional, que de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y en el caso de que haya un conflicto de derechos, determinar cuál de ellos debe prevalecer, buscando siempre mantener la proporcionalidad entre los distintos bienes jurídicos protegidos”,refieren los profesionales. Agregaron que en este caso, la acción popular es una pieza clave para garantizar los derechos de la ciudadanía y que en el ordenamiento jurídico existen diversos mecanismos para evitar que se abuse de ese derecho, por lo que no debe ser suprimido por el Tribunal Constitucional.